Arquitectura Penitenciaria

Arq. Silvina Montoya

Un documento del Episcopado destacó la urgente necesidad de profundas reformas en nuestras prisiones y en el tratamiento de los presos

El Episcopado argentino difundió días atrás un documento en el que los casi cien obispos del país analizaron y criticaron el estado de las cárceles y las condiciones en que se encuentran muchos de los presos, en especial, señala el texto, aquellos pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables.
La preocupación de los obispos tiene mucho fundamento, y su seria preocupación no sólo se refiere al estado de nuestras prisiones y al tratamiento que reciben quienes esperan allí sus condenas o las están cumpliendo, sino también a los efectos negativos de ese ambiente en la recuperación de los internos.
Varias veces nos hemos ocupado en esta columna de la preocupante situación de las cárceles, que jamás deben concebirse como sitios de castigo para quienes cumplen sentencias. De esa concepción errónea nace una práctica que, aunque no todos lo adviertan, además de degradar la condición humana, atenta contra la recuperación de quienes delinquieron y, por ende, los devuelve al mundo del delito una vez que cumplieron sus condenas.
Como dijimos en otra oportunidad, el hecho de que con demasiada frecuencia las prisiones sean un sitio de castigo no significa que haya que resignarse a ese estado de cosas violatorio de nuestras leyes, nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, la doctrina de la Corte Interamericana y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En su documento, los obispos cuestionaron la situación del sistema penitenciario argentino y pidieron al Gobierno "generar acciones concretas en favor de la dignidad de las personas privadas de libertad". En un detallado repaso de los principales problemas, los obispos mencionaron la "inadmisible existencia de celdas de aislamiento total", la sobrepoblación existente en la mayoría de las cárceles, los presos sin condena, la ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención y la existencia de personas a las que se les debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel.
El documento de la Conferencia Episcopal, redactado en noviembre, pero difundido ahora para no interferir con la campaña presidencial, también se ocupa de los integrantes del servicio penitenciario y de la necesidad de cuidar su calidad de vida mediante salarios dignos, vivienda, formación, cobertura social y apoyo psicológico y espiritual.
El documento cita la frase de Jesús "estuve preso y me viniste a visitar" y, al recordar el auge delictivo que padece la sociedad, sostiene que "la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles". Para los obispos, el camino es otro: la profundización de las políticas de inclusión social que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad para su desarrollo integral.

La referencia a los sectores sociales más vulnerables, que constituyen la mayoría de la población penal con y sin condena, obedece a que quienes carecen de recursos para su defensa suelen llegar más rápido y por más tiempo a la prisión. Basta ver la cantidad de ex funcionarios que se encuentran procesados, a veces con varios procesamientos a cuestas, que no cumplen prisión, y lo mismo ocurre con condenados, por no encontrarse firmes sus condenas.

En 2014, con un total de 69.060 presos en las cárceles del país, el 51 por ciento eran procesados y el resto, condenados. Aquel año se verificaron 3095 intentos de fuga, según un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En 1999, los presos sumaban 34.040, por lo que en 15 años se duplicaron. Es tan lamentable el panorama que presentan las cárceles bonaerenses que las autoridades compraron 10.000 candados, pues había más de 5000 calabozos que se cerraban con alambres o precintos de plástico. Un informe señala que los presos bonaerenses padecen de hambre y frío.
La Justicia ha comenzado a reaccionar ante lo que ocurre en las prisiones. Ante un hábeas corpus interpuesto por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), un juez prohibió las internaciones en el hospital del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto por carecer de las condiciones sanitarias necesarias, y la Cámara del Crimen ordenó cesar la violencia en las requisas.
Mientras tanto, es preciso que, por razones humanitarias, se conceda la prisión domiciliaria a los procesados y condenados de avanzada edad o cuya salud está comprometida, que cumplen prisión en las causas de lesa humanidad.
Si bien los graves problemas del sistema carcelario actual necesitan soluciones de fondo a partir de análisis interdisciplinarios, son los jueces los primeros encargados de evitar la violación de los derechos humanos en las cárceles.

LA NACION
Opinión Editorial
LUNES 28 DE MARZO DE 2016