Arquitectura Penitenciaria

Arq. Silvina Montoya

SISTEMA PENITENCIARIO ARGENTINO :

ASPECTOS GENERALES Y EL ROL DE LA ARQUITECTURA

Silvina Montoya y Claudio Bruno, arquitectos.

  • Artículo publicado en la American Jail Magazine, publicación bimestral de la American Jail Association , en su edición de enero-febrero de 2002.-
  • Breve Introducción
  • Evolución del Sistema Penitenciario y de su Arquitectura

La República Argentina es el segundo país en tamaño (2,791,810 km2) en Sudamérica, detrás de Brasil. Su geografía incluye variados climas y paisajes. Desde su colonización a mediados del siglo XVI hasta 1816 fue una colonia del Reino de España. A partir de la independencia del dominio español comenzó un período de luchas civiles entre quienes apoyaban la consolidación de un gobierno unitario y quienes bregaban por una república federal. En la segunda mitad del siglo XIX, ya afirmado el sistema federal, comenzó la lenta organización política del territorio, no colonizado aún en su totalidad. Como resultado de esos conflictos, se formaron estados provinciales autónomos, un distrito federal en la ciudad de Buenos Aires y Territorios Nacionales dependientes del distrito federal.

En este contexto se inició un crecimiento sostenido de la economía que permitió recibir una importante corriente inmigratoria, proveniente principalmente de España e Italia).

Nuestro sistema democrático sufrió reiteradas interrupciones a lo largo del siglo XX. Después del último gobierno militar (1976-1983) comenzamos a disfrutar una estabilidad institucional, aunque con muchos problemas económicos: hiperinflación, desocupación, pobreza y recesión.

Para mediados de los años 60 casi todos los Territorios Nacionales se habían transformado en Provincias y luego de la reforma constitucional de 1994 la ciudad de Buenos Aires se organizó como estado.

 

La organización política de Argentina adoptó un modelo similar al de EE.UU. Sin embargo, el grado de autonomía de los estados provinciales no es igual a la de los estados americanos, pues persiste una dependencia económica del poder central. Actualmente el país está subdividido en 24 distritos.

El sistema penal argentino está estructurado de un modo similar a su organización político – institucional. Está formado por un conjunto de jurisdicciones provinciales, a las que se suma la federal. Sin embargo esta estructura formal, no funciona plenamente. Algunas provincias no cuentan con instituciones penitenciarias o al menos de establecimientos de detención para algún tipo de delincuente. Así por ejemplo los delincuentes arrestados en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires (denominados Nacionales) son alojados dentro de la esfera federal. A su vez algunas provincias derivan los internos de su jurisdicción a establecimientos también federales. Por otro lado, internos federales detenidos en ciertas provincias, son alojados en cárceles provinciales, por no contar allí con institutos federales. Como se puede vislumbrar, todas estas situaciones generan conflictos y dificultan un adecuado tratamiento. Por otra parte, la falta de recursos y las urgencias de alojamiento hace que aún convivan en prisiones internos sin condena con aquellos ya sentenciados, pese a que la ley establece lo contrario.

Si bien históricamente la Provincia de Buenos Aires alojó la mayor cantidad de internos del país (más del 30 % ), para hablar sobre la evolución de nuestro sistema penitenciario consideraremos lo hecho dentro de la esfera federal, pues creemos que fue esta jurisdicción (segunda en población penal), la que generalmente marcó el rumbo y sentó las bases que luego acompañaron en mayor o menor medida el resto de las provincias.

Quienes han estudiado en profundidad la evolución del sistema en nuestro país, dividen su historia en cuatro períodos más o menos definidos:

  1. Período Inorgánico (1810-1933)
  2. Período de Racionalización Legal (1933-1947)
  3. Período de Reglamentación Progresista de la Ley (1947-1958)
  4. Período de Unificación Legal del Régimen Penitenciario (1958-1975)

Creemos que se podría extender el último período hasta principios de los años 90, y a partir de allí hablar de un quinto período (dejamos a los especialistas y estudiosos la denominación) cuando se comienzan a adoptar políticas que marcan un nuevo rumbo en la evolución del sistema.

Desde la época colonial y hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX, el encarcelamiento como pena en sí misma tuvo lugar áreas anexas de los cabildos de las principales ciudades (edificios municipales de la época colonial que cumplían también una función judicial) o eventualmente en edificios con otro destino original, como ser conventos u otros edificios religiosos.

El primer establecimiento cuyo destino específico era el penitenciario fue la Cárcel de Mercedes, construida en 1876 en la Provincia de Buenos Aires. La siguieron otros institutos que se construyeron entre 1877 y la primer década del siglo XX. Las más famosas fueron la Penitenciaría Nacional (ya demolida) y el Presidio de Ushuaia. Esta última ayudó a colonizar el extremo más austral e inhóspito del continente y convirtiéndose en un hito dentro de esta etapa. El esquema de todos estos edificios era de planta tipo “radial” y algunos de ellos aún continúan en actividad.

Cuando se realizó el primer censo penal en 1906, la población penal del país ascendía a unos 8.000 internos.

El sistema federal se organiza sistemáticamente en 1933, cuando se sanciona la primera ley específica sobre el problema penitenciario. Así se inicia el 2º período en el cual se lanzan planes para satisfacer los nuevos requerimientos de alojamiento y tratamiento. Se crea la Dirección Nacional de Institutos Penales, luego Servicio Penitenciario Federal –S.P.F.

Se construyen algunos institutos durante los años 30: La Cárcel de Coronda, en Santa Fe, la Cárcel de Olmos, en la Provincia de Buenos Aires, la Cárcel de Contraventores, en Villa Devoto, y otras más.

Se comienza a hacer realidad lo establecido en la ley de 1933. En 1947 se inaugura la Escuela Penitenciaria de la Nación con el fin de profesionalizar la labor penitenciaria, transformándose en modelo en nuestra región. Aún sigue educando a los futuros agentes federales dentro de una disciplina militar.

La concreción de muchos de los objetivos penitenciarios le imprime un sello característico a esta etapa. En la década del 40 –entrando en el tercer período- se pudieron construir establecimientos en los que aún eran Territorios Nacionales, contribuyendo – como antes lo hizo la Cárcel de Ushuaia – al desarrollo de lugares casi despoblados. Estos nuevos establecimientos - del tipo arquitectónico denominado "en espina" o “sistema paralelo”- respondían a los criterios penológicos de entonces, así como la necesidad de establecimientos semiabiertos o colonias penales y de espacios más flexibles. Fue dejado de lado el viejo esquema radial.

En los años 50, se adoptan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas y empiezan estudios para reformular la ley de 1933. Como resultado de ello, en 1958 se sanciona la Ley Penitenciaria Nacional, que da el marco legal a la aplicación de las penas en el sistema federal. El resto de las provincias adhieren inmediatamente. Esta ley está influenciada por conceptos penológicos europeos, y estableció uno de los aspectos más característicos en la filosofía correccional: el concepto de Progresividad del Régimen para todos los condenados. Esta nueva metodología dividía el plazo de la condena en tres períodos: Observación, Tratamiento (subdividido en 5 fases) y Prueba. El objetivo de esta división era que el interno accediera a su libertad de un modo gradual y progresivo - de ahí el término-, en procura de nuevos métodos para su adecuada reinserción social. Por supuesto esta Progresividad era sólo aplicable a quienes estaban condenados por la justicia, pues para aquellos que aún no habían recibido una sentencia condenatoria cabía aún la presunción de inocencia. Desgraciadamente la cantidad de personas procesadas casi siempre fue mayor que la de los condenados. Por lo que hubo que dictar reglamentos que controlaran esa situación.

En esa ley también se estableció la separación entre adultos y los internos comprendido entre 18 y 21 años de edad -jóvenes adultos-, quienes debían alojarse en establecimientos independientes.

A partir de la sanción de esta ley se dio un moderado impulso a la construcción de algunos institutos. Se amplió la Cárcel de Contraventores y puesta bajo jurisdicción federal con el nombre de Instituto de Detención de la Capital, Unidad 2.

En esos años se pusieron en práctica métodos de clasificación más científicos, relacionados con el mayor o menor grado de adaptabilidad de los internos.

La trascendencia de la Ley Penitenciaria caracterizó el cuarto período en la evolución del sistema.

Durante las dos décadas siguientes (60 y 70) el sistema – con muchos altibajos – intentó consolidar lo estipulado en la Ley. Se pusieron en marcha institutos abiertos y se comenzó a diversificar el tratamiento, lo que a su vez requería de nuevos diseños.

En la década de los 80 no se observa un significativo avance en el sistema lo que llevó a un estancamiento en planes de obras. Tan sólo se concluyó la Cárcel de Encausados (Unidad 1), después de 20 años de trabajos discontinuos. Era un edificio de 25 pisos de altura con capacidad para 1800 internos. Este establecimiento, proyectado originalmente para alojar internos por períodos breves antes del juicio, terminó sobrepoblándose de modo indiscriminado alojando internos por períodos superiores a los cinco años. Ello originó muchos motines y se transformó en la imagen más nefasta del sistema federal. El otro símbolo negativo cuya vida útil estaba llegando a su fin era el Instituto de Detención (U2) de Buenos Aires.

Un hecho que posiblemente inhibió la renovación de la infraestructura carcelaria fue que, después de casi diez años de gobiernos militares autoritarios, las nuevas autoridades democráticas y la ciudadanía en general no veían con buenos ojos a un sistema de encarcelamiento que en la memoria colectiva era sinónimo de represión y tortura. Por lo tanto no hubo construcción de nuevos institutos y se intentó atenuar el régimen de los establecimientos existentes. En estos años el número de prisioneros descendió a la mitad, como consecuencia de algunas de las reformas que anticipaban y aceleraban el acceso a la libertad de muchos detenidos. Pero no ocurrió lo mismo con el índice delictivo, por lo que la población penal creció nuevamente. Finalmente, el agotamiento físico y funcional de muchos edificios carcelarios y algunas reformas legales que se basaban en una tal vez desvirtuada razón humanitaria terminaron por dar lugar a revueltas y desórdenes en muchos establecimientos del país. A este panorama se sumaron los nuevos problemas vinculados directa o indirectamente con el consumo de drogas ilegales.

En el último lustro del siglo XX se crea la Secretaria de Política Penitenciaria y Readaptación Social, dependiente del Ministerio de Justicia, iniciándose lo que pensamos es el quinto período de la evolución del sistema. Se instrumenta el llamado Plan Director de la Política Penitenciara Nacional, que impulsó importantes modificaciones legales y un ambicioso proceso de renovación de la infraestructura carcelaria federal.

En 1996 se reemplaza la Ley Penitenciaria por la nueva Ley de Ejecución de la Pena , Nº 24.660. Esta permite incorporar que los procesados adhieran voluntariamente a la Progresividad del Régimen, establece la aplicación de más penas alternativas, avanza en la necesidad de diversificar el tratamiento penitenciario y abre las puertas a la eventual tercerización de algunos servicios dentro de los institutos.

En 1991 se había establecido el Juicio Oral - ya en vigencia en muchas provincias- para delitos federales Esto posibilita una paulatina disminución del porcentaje de internos procesados, aunque este decreciente guarismo fue menor a lo esperado. Dos años más tarde nace la figura del “Procurador Penitenciario”, quien debe atender los reclamos de los internos, respecto a las condiciones de alojamiento y el cumplimiento de los derechos humanos.

Para esa época también se implementa un nuevo programa de tratamiento llamado “Metodología Pedagógica Socializadora”, que consiste básicamente en inculcar normas de conducta para lograr una convivencia pacífica. Es un programa voluntario implementado en pequeños grupos de internos trabajando de modo independiente del resto de la población. Este, junto con otros programas (asistencia a mayores de 60 años, contención de internas madres con hijos, atención de enfermos de HIV, drogadependencias, etc.) profundizan la diversificación del tratamiento penitenciario, pero aún se desarrolla en pocos establecimientos.

A fin de lograr la renovación de la infraestructura, se crea la Dirección de Mantenimiento y Obras Penitenciarias, dentro del Ministerio de Justicia, para encargarse de las construcciones federales.

En el año 2000 se lanza otro plan de construcciones (Plan de Cárceles 2000) que en realidad es la continuación del Plan Director, con el agregado de alcaidías federales.

  • Situación Actual.
  • Consideraciones sobre los establecimientos
  • Nuestra Arquitectura Penitenciaria
  • Perspectivas

Lamentablemente, la situación político-económica de nuestro país hace que ingresemos al siglo XXI con muchas materias pendientes en el campo correccional, además de otras deudas en materia vinculadas con la seguridad.

La población penal en Argentina asciende a unos 40.000 internos. En el Gráfico 1 podemos ver la distribución de los internos por jurisdicciones. Esta cifra equivale - aproximadamente - a la población penal de tan sólo el estado de Louisiana en Estados Unidos.

Esto representa un índice de aproximadamente 105 internos/100.000 habitantes. Esta es una tasa inferior a la de 1906 (141,2), lo que resulta llamativo si consideramos el crecimiento delictivo en los últimos diez años. Posiblemente una explicación sea el efecto de la ley llamada “2x1”, por la cual un interno procesado podía computar el doble del tiempo detenido mientras durara su causa, hasta la sentencia. Esto hacía que muchos abogados defensores dilataran ex profeso el proceso para poder reducir el tiempo de detención, mientras las prisiones se sobrepoblaban de internos procesados. Recientemente esta ley fue derogada para los futuros presos.

De acuerdo al informe presentado por R. Walmsley ante la ONU[1], Argentina se ubica entre los países con una de las tasas de encarcelamiento más baja del mundo, al igual que otros países de Latinoamérica.

Del total de los alojados en el ámbito federal, el 60% corresponde a internos de la Justicia Nacional (Buenos Aires), el 30% a la Federal y el 10% a las provinciales. Y de todos los detenidos a disposición de la Justicia Federal, un tercio se aloja en establecimientos provinciales y el 12% en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad. Corresponde subrayar que el alojamiento de internos con proceso judicial en dependencias no concebidas para esa finalidad, genera graves problemas para la sociedad (disputas, fugas, motines, toma de rehenes, etc.). La policía está obligada a realizar tareas penitenciarias para las que no están preparados.

Aún no hay establecimientos privados operando en el país.

El porcentaje de internos sin condenas es aún elevado (62%), por lo que inevitablemente hay que alojarlos en establecimientos para condenados.

Del total de personas detenidas en Argentina, el 94 % corresponde a hombres, mientras que el restante 6% son mujeres. Dentro de la esfera federal (Servicio Penitenciario Federal) este índice varía: el 11% es población femenina.

Tal como ocurre en muchos países, el número de delitos cometidos por mujeres está creciendo. Un instituto para internas madres se debió ampliar en 1999, agregando 80 plazas, un sector para atención de visitas, un gimnasio y un jardín materno-infantil para los hijos de las internas.

Los internos comprendidos entre 18 y 21 años de edad (Jóvenes-adultos)asciende a 3.800 en todo el país. Es decir casi un 11% de la población penal. De esta cantidad sólo el 4,37 % corresponde a mujeres. El crecimiento de este segmento de la población obliga a los responsables a alojarlos en establecimientos para adultos.

                        En el año 2000 el Ministerio de Justicia de la Nación realizó un relevamiento de establecimientos correccionales en Argentina[2]. La requisitoria incluía la cantidad de agentes para cada función. En el Grafico 2 nos muestra la distribución del personal según sus funciones. Podemos ver que hay una ausencia de personal en las funciones vinculadas directamente con el interno. De cada cuatro agentes, uno está destinado a la Guardia Externa (garitas, patrullas, etc.). Como el Procurador Penitenciario[3] dice en su último informe, hay sólo 462 agentes que tienen funciones vinculadas al tratamiento de los internos, sobre un total de 8.000 efectivos federales.

En los últimos cinco años se registró una tasa estable de reincidencia en el sistema federal: 23.8% en 1996; 22.5% en 1997; 23.1% en 1998; 23.9% en 1999; y 22.9% en 2000[4]. Estos índices revelan que por cada cuatro internos condenados, uno tiene nueva sentencia.

En materia de salud, aún persiste la necesidad de contar con establecimientos apropiados para ello. El Instituto de Detención de Devoto cuenta con un centro de atención sanitaria dentro. Pero su infraestructura no puede satisfacer adecuadamente los requerimientos de salud de todos los internos, por lo que a veces deben ser trasladados a Hospitales Públicos. Recientemente se ha inaugurado un Hospital Penitenciario de 120 plazas dentro del Complejo Federal Nº 1, pero lamentablemente los costos operativos superan las posibilidades financieras actuales, por lo que seguramente permanecerá inactivo por cierto tiempo.

En el sistema federal, la atención de internos con alteraciones mentales se realiza en pabellones adaptados dentro de Hospitales Psiquiátricos existentes (uno para cada sexo). Creemos que es muy necesario la puesta en marcha de Institutos Neuropsiquiátricos de Seguridad y así evitar las complicaciones que surgen de alojar internos con estas patologías dentro de institutos tradicionales, sin previsiones especiales de seguridad (sobrepoblación, fugas, motines, etc.) y debido a que estos tratamientos también requieren diseños especiales .

Lo mismo ocurre con los que padecen HIV, que se internan en un sector acondicionado dentro de un Hospital para Infectocontagiosos.

Muchos de los reclamos sobre la atención médica son atendidos por el Procurador Penitenciario, quien a su vez efectúa recomendaciones a las autoridades responsables. Además está habilitado para iniciar una causa penal cuando son violados sus derechos. Los reclamos de tipo judicial, son atendidos por el Juez de Ejecución Penal, quien depende del Poder Judicial. El promedio diario de reclamos es de 120 a 150, ya sea por correo o telefónicos.

Para los nuevos programas implementados, es prematuro tener un resultado certero, pero creemos que serán positivos, ya que pueden ser mejorados con una mejor capacitación del personal, mejores condiciones espaciales y –por supuesto- una mejor situación extramuros.

Como intento de reducir los problemas de alojamiento (sobrepobalción y efectos negativos), desde hace algunos años que se han establecido penas alternativas. Así por ejemplo contamos con la llamada “probation” (trabajos comunitarios); la libertad bajo fianza o palabra, cuando la pena por el delito que se imputa es menor a 3 años; y en la provincia de Buenos Aires se implementó un sistema de vigilancia remota (pulseras electrónicas). Todas estas nuevas modalidades de pena ha logrado atenuar una saturación de los establecimientos penitenciarios, pero su implementación resulta costosa y aún es difícil de controlar.

A diferencias de otros países, Argentina no posee un sistema certificado de control de calidad de los establecimientos penitenciarios, ni siquiera personal de inspección regular.

El Plan de Obras incluyó dos Complejos Penitenciarios Federales para 3.000 internos, por contrato que incluían el diseño, la construcción y la financiación. Esos establecimientos reemplazarían a las dos cárceles federales mas sobrepobladas y deterioradas: las Unidades 1 y 2. El Plan también incluía nuevas construcciones: un instituto de 152 plazas para jóvenes adultos (de 18 a 21 años); dos anexos para 84 internos para tratamiento de drogadependencia; un establecimiento de 192 celdas para alojar madres con sus hijos (hasta los cuatro años); la remodelación de dos pabellones en Chubut (para supervisión directa); y la remodelación de un pabellón hospitalario para internos HIV (60 plazas). Comenzaron también los procesos licitatorios para un tercer complejo de 1000 plazas en Mercedes y para dos institutos en el norte y centro del país.

             

               
    
    

Internos en otros alojamientos

    

Internos en pabellones comunes

    

Internos en celdas individuales

    
    

   También se iniciaron planes similares en algunas provincias, como Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Muchos de ellos mostraban la idea de complejos modulares, divididos en unidades de 300 plazas con distintos niveles de seguridad, pabellones para 25 o 50 celdas individuales con espacios de asociación (salones de día), y instalaciones de apoyo centrales y compartidas. Aparecieron diseños innovadores y una disposición edilicia más abierta. Se incorporaron nuevas tecnologías de vigilancia y supervisión, comenzando una incipiente adopción de la filosofía de supervisión directa en la jurisdicción federal.

El Relevamiento del año 2000 nos brinda una información que nos puede ilustrar el panorama actual de la infraestructura penitenciaria en Argentina. Los datos obtenidos de los 116 establecimientos que respondieron el cuestionario, muestran que el sistema nacional está operando sus institutos con una capacidad promedio de 110 por ciento.

Así por ejemplo en la Figura 3 vemos que hay un alto porcentaje de internos alojados en pabellones o dormitorios comunes (más de un tercio), mientras que los establecimientos federales poseen un poco más de celdas individuales.

         

               
    
    

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   Respecto a la antigüedad de los edificios, se observa enla Figura 4 que el 61 % de los prisioneros habitan institutos de más de 50 años de edad, muchos de los cuales tienen una capacidad de más de 500 internos. El 8% de las unidades del país alojan el 42% de toda la población penal. Hay cuarenta institutos de más de 50 años, treinta y uno entre 20 y 49 años, y el treinta y uno restante entre 19 y 1 años.

De acuerdo al sistema de reclusión de cada establecimiento federal, hay un 68% de prisioneros en unidades cerradas, 29 % en semiabiertas, y 3% en institutos abiertos.

También hemos incluido una reseña arquitectónica de todos los institutos federales.

         

               
    
    

Supervisión Indirecta o Remota

    
    

          

               
    
    

Supervisión Directa

    
    

          

               
    
    

Vigilancia

    

Intermitente o Lineal

    
    

   Considerando la disposición arquitectónica de los Pabellones y la vigilancia que llevan asociada, notamos que un 60 % de la población penal se aloja en establecimientos con vigilancia intermitente, como podemos ver en el Gráfico 5. Esto refleja que muchos de nuestros edificios no alienta una relación personalizada, como lo recomienda la ley. Si bien el sistema de supervisión directa está comenzando a ser implementado en algunas prisiones, hemos considerado sólo aquellas expresamente diseñadas para ese fin. Sabemos que la supervisión directa está alcanzando las expectativas, pero aún representa un mínimo porcentaje (1,1%) y ha sido implementada desde hace solo tres años.

En cuanto a las diferentes tipologías arquitectónicas, observamos que hay un gran número de ellas. Cada una de esos tipos posee variedades y no resulta sencillo incluirlas en una tipología específica. Por lo que para clasificar los tipos en un análisis esquemático, las hemos resumido en cinco tipologías básicas, considerando su principal funcionamiento operativo:

En espina; 2. Autoencerrada; 3. En Campus; 4. Basada en Control central, combinada con espina; y 5. Atípicas.

La Figura 6 nos muestra que una de cada dos posee un esquema basado en la espina. Muchas de las cuales con resultado de las construcciones de los años 40. En comparación con la vieja arquitectura radial, era un diseño de avanzada para esa época. Podía atender los requisitos de versatilidad, como la adición de nuevas construcciones, así como la adaptación para las complejas funciones del sistema: educación, talleres, tratamiento, ejercicios, etc. Debemos destacar que para ese entonces muchas personas comenzaron a considerar el valor de la arquitectura como un instrumento valioso para desarrollar y mejorar los programas de rehabilitación.

Pero la dinámica del sistema paulatinamente transformó a estos diseños en inadecuados para las nuevas formas de operación. La mayor diversificación del tratamiento necesitaba nuevos conceptos arquitectónicos. Por consiguiente, una especie de combinación entre el diseño en espina y el control centralizado (una herencia del diseño radial) intentó dar respuesta a esos requerimientos, como diferentes tipos de visitas, mayor individualización de la clasificación, pabellones más pequeños, tratamientos especiales, más actividades, reducción del personal, etc. En la última década del siglo XX se pudo observar también algunos diseños de la Nueva Generación. Se desarrollaron esquemas en campus para cuatro establecimientos del Complejo Federal I, incorporando algunas características acordes a su nivel de seguridad y adaptados para algunas de las necesidades de nuestro sistema. En alguna disposición de pabellones y en otros diseños de institutos, vemos una tendencia a avanzar e impulsar la evolución del sistema. Deseamos que esta tendencia se continúe consolidando en todo el sistema nacional.

Como resumen de esta somera reseña de los establecimientos penitenciarios argentinos, los datos indican que la infraestructura física de muchas cárceles y prisiones sigue siendo inadecuada para los objetivos. Todavía están operando grandes institutos, casi obsoletos, como el de Detención de Buenos Aires (U2), Olmos y Sierra Chica, en la Provincia de Buenos Aires, Coronda, en la Provincia de Santa Fe, sólo por nombrar algunos.

No obstante, creemos que esta situación es mejora que hace 10 años, debido a la construcción de nuevos establecimientos, si bien fueron ocupados sin una suficiente capacitación del personal para una transición apropiada.

Pensamos que la arquitectura correccional argentina todavía muestra algunas otras grandes carencias. Actualmente hay una falta de continuidad respecto a los planes de construcción, al igual que muchas obras públicas. Muchos de los planes mencionados se paralizaron y fueron reemplazados por otros, supeditados a los intereses políticos de nuevas autoridades, generando una constante imprevisibilidad en las políticas de obras. Otro tema aún pendiente es que no contamos con algunas normas como el “Correctional Buildings Handbook” (Manual de Construcciones Penitenciarias) de EEUU, con estándares mínimos que regulen la construcción penitenciaria. Varios países desarrollados las tienen, como paso previo a iniciar renovaciones de infraestructura, lo que confiere cierta previsión a los diseños.

Para todo diseño correccional futuro deberán tenerse en cuenta algunos aspectos particulares. Las nuevas metodologías de tratamiento exigirán nuevas características en las unidades de alojamiento (tanto en superficie como en disposición). Dado que nuestras reglamentaciones permiten hasta tres visitas semanales de familiares, dos visitas íntimas por mes, y visitas de abogados sin restricciones, esto nos exigirá espacios específicos para cada tipo de visita. La optimización de los recursos humanos necesitará diseños que contribuyan al desarrollo de este importante tema. La adopción de cualquier técnica constructiva tendrá que resolver a la vez, los problemas de seguridad y mantenimiento. La flexibilidad deberá ser otro aspecto clave en el diseño penitenciario, a fin de permitir los necesarios cambios y modificaciones en los institutos. Usualmente las cárceles y prisiones reflejan las filosofías operativas y de diseño que prevalecían cuando fueron construidas, pero los penales tienen que funcionar 40 o aún más de 50 años. También tendremos que considerar la implementación gradual de la supervisión directa en los futuros institutos.

En Argentina, como quizás en toda Latinoamérica, la arquitectura penitenciaria no constituye una rama desarrollada de la Arquitectura. Para algunos agentes, es solamente un aspecto meramente técnico, sin mucha relevancia dentro del sistema. Mientras que para muchos arquitectos es un tipo de construcción que no merece ser parte de la Arquitectura.

Nuestra experiencia en Arquitectura Penitenciaria nos ha enseñado que el entorno físico es una parte fundamental dentro de todo el sistema, y que debe funcionar integrada con las otras disciplinas correccionales. Es obvio que los mejores programas de tratamiento, o la mejor filosofía operativa para manejar un instituto, no serán exitosos sin el adecuado marco físico. Por el contrario, el mejor diseño penitenciario no resultará útil, si su funcionamiento y la realidad existente no son las mismas que el diseñador concibió. Para alcanzar los objetivos de todo nuevo edificio, la clave debe ser balancear la realidad existente, la oferta de nuevos y eficientes métodos operativos, y espacios más amenos, tanto para el personal como para los internos.

Por supuesto que esto es más fácil decirlo que realizarlo. Este es el mayor reto para la arquitectura penitenciaria. También debemos profundizar un aspecto que aún no está lo suficientemente desarrollado en nuestra región: el sustento teórico básico, para que esta especialidad sea efectivamente una rama fecunda de, y para la Arquitectura. A menudo los arquitectos han diseñado edificios, simplemente oyendo lo que los funcionarios penitenciarios querían, no lo que realmente necesitaban.

Tan frecuente como sea posible, toda disciplina necesita prácticas habituales y frecuentes para desarrollarse a sí misma; esto significa constantes pruebas de las nuevas ideas y su posterior verificación. En nuestra especialidad, las prácticas son muy limitadas, particularmente en Argentina, así que tenemos que aprender de unos pocos nuevos edificios, sabiendo que cada nuevo diseño debe incorporar una mayor complejidad. A veces es inevitable el tomar y adaptar modelos de países desarrollados, donde el número de edificios permite una constante perfección.

El incremento de la tasa delictiva en Argentina exige políticas radicales, tanto en la prevención del delito como en el sistema correccional. Como consecuencia de algunas modificaciones legales, una mayor tasa de desempleo, y dado que no se construyeron nuevos edificios penales para reemplazar a los obsoletos, una rápida respuesta a un mayor requerimiento de capacidad será alojar a dos internos por celda, sobrepoblando nuevamente los institutos existentes. Nuestro sistema correccional tiene todavía un largo camino a recorrer. Si bien hemos avanzado algunos pasos, es necesario hacer cambios más profundos en los cuatro pilares que hacen que un sistema se
desempeñe correctamente: 1) Marco legal, 2) Presupuesto operativo, 3) Recursos humanos, y 4) Entorno físico. Estos cuatro elementos deben estar armónicamente integrados, teniendo en cuenta la realidad. La falta parcial o total de alguno de ellos, tornará infructuoso el logro de las metas y misiones que la comunidad espera y debe reclamar al sistema correccional. Los cambios deberán ser necesarios para permitir la evolución del sistema. Debemos crear nuevas métodos de vigilancia y consecuentemente de tratamiento. Serán necesarias mejores herramientas para perfeccionar la clasificación de los internos, pues esta es la clave para un instituto bien operado, disponiendo de más esfuerzos en aquellos que pueden ser rehabilitados y protegiendo a la comunidad de aquellos que no. Es también necesario el asegurar un adecuado presupuesto para la administración correccional; hoy en día tenemos institutos que no tienen fondos para su mantenimiento.
Por otro lado, el personal debe ser formado con mayor profesionalismo y una educación más científica. Los arquitectos penitenciarios deben analizar los proyectos extranjeros de un modo más crítico. Muchas veces los modelos fueron importados y construidos sin las necesarias adecuaciones a nuestra realidad. Además de esto, quizá en el futuro, resulte importante establecer algún modo de acreditación de establecimientos correccionales.

Las cárceles y prisiones son una especie de espejo de la sociedad, y mucha gente no quiere mirar dentro de ellas. En este nuevo siglo, los institutos correccionales deberán funcionar de un modo más integrado con la comunidad.

Sin embargo, todos estos cambios deberán producirse gradual y progresivamente. Ya sabemos lo que ocurre con las transformaciones abruptas en cualquier sociedad. No todos se pueden adaptar positivamente al cambio, y seguramente esto ocasionará más problemas de los que se supone que debe solucionar.

Las actuales tasas de pobreza y desempleo no contribuyen a la rehabilitación. Más aún, las condiciones sociales estimulan algunas conductas criminales de muchas personas puestas en libertad. Seguramente serán nuevamente arrestadas a largo o corto plazo, aún si les fue aplicado el mejor programa de rehabilitación, pues es muy difícil conseguir un trabajo después de ser liberado, lo que se convierte en un círculo vicioso.

Indudablemente y antes que nada, Argentina deberá mejorar su actual situación económica, para ser capaz de satisfacer las necesidades sociales, incluidas las penitenciarias. Entonces, aquellos quienes están vinculados con el sistema correccional tendrán la obligación de estar preparados para atender nuevas demandas. Esperamos ser capaces de hacerlo.

 

[1] Roy Walmsley. An overview of world imprisonment: global prison populations, trends and solutions. A Paper presented at the UN Programme Network Institutes Technical Assistance Workshop, Vienna, Austria, May 10, 2001.

[2] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Relevamiento de Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios de la República Argentina. Año 2000.

[3] Sito oficial del Procurador Penitenciario: www.jus.gov.ar

[4] Sitio oficial de la   Dirección de Reincidencias : www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/Reincidencia/Index.html.