Arquitectura Penitenciaria

Arq. Silvina Montoya

Un documento del Episcopado destacó la urgente necesidad de profundas reformas en nuestras prisiones y en el tratamiento de los presos

El Episcopado argentino difundió días atrás un documento en el que los casi cien obispos del país analizaron y criticaron el estado de las cárceles y las condiciones en que se encuentran muchos de los presos, en especial, señala el texto, aquellos pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables.
La preocupación de los obispos tiene mucho fundamento, y su seria preocupación no sólo se refiere al estado de nuestras prisiones y al tratamiento que reciben quienes esperan allí sus condenas o las están cumpliendo, sino también a los efectos negativos de ese ambiente en la recuperación de los internos.
Varias veces nos hemos ocupado en esta columna de la preocupante situación de las cárceles, que jamás deben concebirse como sitios de castigo para quienes cumplen sentencias. De esa concepción errónea nace una práctica que, aunque no todos lo adviertan, además de degradar la condición humana, atenta contra la recuperación de quienes delinquieron y, por ende, los devuelve al mundo del delito una vez que cumplieron sus condenas.
Como dijimos en otra oportunidad, el hecho de que con demasiada frecuencia las prisiones sean un sitio de castigo no significa que haya que resignarse a ese estado de cosas violatorio de nuestras leyes, nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, la doctrina de la Corte Interamericana y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En su documento, los obispos cuestionaron la situación del sistema penitenciario argentino y pidieron al Gobierno "generar acciones concretas en favor de la dignidad de las personas privadas de libertad". En un detallado repaso de los principales problemas, los obispos mencionaron la "inadmisible existencia de celdas de aislamiento total", la sobrepoblación existente en la mayoría de las cárceles, los presos sin condena, la ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención y la existencia de personas a las que se les debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel.
El documento de la Conferencia Episcopal, redactado en noviembre, pero difundido ahora para no interferir con la campaña presidencial, también se ocupa de los integrantes del servicio penitenciario y de la necesidad de cuidar su calidad de vida mediante salarios dignos, vivienda, formación, cobertura social y apoyo psicológico y espiritual.
El documento cita la frase de Jesús "estuve preso y me viniste a visitar" y, al recordar el auge delictivo que padece la sociedad, sostiene que "la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles". Para los obispos, el camino es otro: la profundización de las políticas de inclusión social que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad para su desarrollo integral.

La referencia a los sectores sociales más vulnerables, que constituyen la mayoría de la población penal con y sin condena, obedece a que quienes carecen de recursos para su defensa suelen llegar más rápido y por más tiempo a la prisión. Basta ver la cantidad de ex funcionarios que se encuentran procesados, a veces con varios procesamientos a cuestas, que no cumplen prisión, y lo mismo ocurre con condenados, por no encontrarse firmes sus condenas.

En 2014, con un total de 69.060 presos en las cárceles del país, el 51 por ciento eran procesados y el resto, condenados. Aquel año se verificaron 3095 intentos de fuga, según un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En 1999, los presos sumaban 34.040, por lo que en 15 años se duplicaron. Es tan lamentable el panorama que presentan las cárceles bonaerenses que las autoridades compraron 10.000 candados, pues había más de 5000 calabozos que se cerraban con alambres o precintos de plástico. Un informe señala que los presos bonaerenses padecen de hambre y frío.
La Justicia ha comenzado a reaccionar ante lo que ocurre en las prisiones. Ante un hábeas corpus interpuesto por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), un juez prohibió las internaciones en el hospital del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto por carecer de las condiciones sanitarias necesarias, y la Cámara del Crimen ordenó cesar la violencia en las requisas.
Mientras tanto, es preciso que, por razones humanitarias, se conceda la prisión domiciliaria a los procesados y condenados de avanzada edad o cuya salud está comprometida, que cumplen prisión en las causas de lesa humanidad.
Si bien los graves problemas del sistema carcelario actual necesitan soluciones de fondo a partir de análisis interdisciplinarios, son los jueces los primeros encargados de evitar la violación de los derechos humanos en las cárceles.

LA NACION
Opinión Editorial
LUNES 28 DE MARZO DE 2016

HACINAMIENTO, CONDICIONES DE VIDA INDIGNAS Y FALTA DE CONTROL DEL ESTADO SON CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

México ocupa el 6º lugar entre las cárceles más sobrepobladas del mundo. Alerta que de 260 mil presos en México, apenas el 51% cuentan con sentencia

Dra. Elena Azaola Garrido (investigadora del CIESAS-DF)

Cárceles sobrepobladas, condiciones de vida indignas, criminalización de la pobreza y ausencia de rendición de cuentas, son algunas de los retos que presenta el sistema penitenciario de México y América Latina, señaló la doctora Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, por lo que se requiere instrumentar políticas criminológicas integrales.

Con más de 30 años de experiencia en estudios relacionados con las cárceles, estudios de criminalidad y la violencia en México, la Dra. Azaola presentó ante los medios la “Situación de las Prisiones en América Latina”. Explicó que en las cárceles de México y América Latina se ha incrementado aceleradamente la población penitenciaria, debido a los siguientes factores: 1) Endurecimiento de las penas, 2) Incremento de los delitos considerados graves, 3) Duración de los procesos judiciales, 4) Abuso de la prisión preventiva y 5) Falta de medidas alternativas.

Comentó que lo que hoy ocurre en las prisiones del país y la región no puede y no debe ser visto de manera separada de la puesta en práctica de una determinada política criminal. Por ello enumeró acciones necesarias para enfrentar los problemas en los sistemas penitenciarios. Entre ellas se encuentran:

  • Reducir el uso excesivo y desproporcionado de la pena de prisión.
  • Incorporar a la legislación penas alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos de drogas menores.
  • Asegurar la proporcionalidad en las penas distinguiendo entre: narcotráfico y otros delitos relacionados con drogas; delitos por droga de menor escala, alta o media; rango que ocupa la persona en las redes del narcotráfico; delitos violentos y no violentos y, tipos de drogas.
  • Establecer para los sospechosos por delitos de drogas igualdad de acceso a los beneficios procesales y a las oportunidades de penas alternativas.
  • Recuperar el control de las prisiones por parte del Estado
  • Reducir el abuso de la prisión preventiva.
  • Diseñar un sistema penitenciario con normas, procedimientos, estándares, protocolos y programas de atención homogéneos.
  • Evaluar las instituciones penitenciarias por sus resultados.
  • Situar a los internos en los centros más cercanos a su domicilio, para incrementar las posibilidades de su reinserción.
  • Diseñar un modelo de atención específico para las mujeres que tome en cuenta sus circunstancias

Para ejemplificar el problema de las cárceles saturadas, señaló que en números absolutos, Estados Unidos encabeza la mayor población de presos en el mundo, con más de 2 millones de personas; le sigue China, con 1.6 millones; Rusia con 700 mil; India con 670 mil, y Brasil y México, en 5º y 6º lugar, con 550 mil, y 260 mil presos en sus cárceles, respectivamente.

Respecto al número de presos en América Latina, proporcionalmente a la población que tiene cada país, Azaola refiere que Panamá encabeza la lista con 406 presos por 100 mil habitantes; le sigue El Salvador, con 425; Brasil, con 274; Chile, con 272; Uruguay, con 230; y México con 215.

Sobre la integración de las cárceles del país, refiere que de los 260 mil presos existentes, “el 81% cometieron delitos de fuero común; es decir, 208 mil; y solamente el 19%, alrededor de 49 mil 400 personas, delitos del fuero federal. La sobrepoblación se agrava porque de esos 260 mil detenidos en las cárceles, apenas un 51%, (132 mil 600 presos) cuentan con sentencia.”

La situación es similar en América Latina, donde se proyecta que el 46% de los presos son presos sin condena, lo que hace que Brasil tenga más de 200 mil personas en las cárceles esperando que se les dicte sentencia, mientras que en México suman las 132 mil personas.

La investigadora del CIESAS considera que “el énfasis en la imposición de sanciones penales ha dado lugar a un incremento en el número de sujetos encarcelados por delitos de drogas”, y para ello cita el estudio del 2010 de ‘Washington Office on Latin America’ (WOLA) que refiere que Argentina, Bolivia, Brasil Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, mostró el impacto que la política contra las drogas ha tenido en la sobrepoblación y el deterioro de las prisiones”.

Producto de esas malas políticas, asegura Azaola, provocó que la tasa de encarcelamiento en los países de América Latina analizados entre 1992 al 2012, la población encarcelada aumentara en promedio, más del cien por ciento, al tiempo que las tasas por los delitos de drogas continúan mostrando una línea ascendente en todos los casos.

La saturación en los cárceles también afecta en el hacinamiento en las prisiones. Refiere que por cada 100 camas o plazas disponibles, el país con mayor saturación es El Salvador, con 290 personas; le sigue Guatemala, con 190; Nicaragua, República Dominicana y Panamá, con 180; Brasil con 175; Chile y Ecuador, con 150; Honduras con 148; Colombia y Costa Rica, con 135; Uruguay, 130, y México y Paraguay cuenta con 125 personas detenidas por cada 100 lugares disponibles.

Por último, refiere que mientras en México la población de varones se incrementó en 40% durante la última década, la de mujeres se duplicó a un 5%.

https://divulgacionciesas.wordpress.com/2015/04/30/situacion-de-las-prisiones-en-america-latina/

SISTEMA PENITENCIARIO ARGENTINO :

ASPECTOS GENERALES Y EL ROL DE LA ARQUITECTURA

Silvina Montoya y Claudio Bruno, arquitectos.

  • Artículo publicado en la American Jail Magazine, publicación bimestral de la American Jail Association , en su edición de enero-febrero de 2002.-
  • Breve Introducción
  • Evolución del Sistema Penitenciario y de su Arquitectura

La República Argentina es el segundo país en tamaño (2,791,810 km2) en Sudamérica, detrás de Brasil. Su geografía incluye variados climas y paisajes. Desde su colonización a mediados del siglo XVI hasta 1816 fue una colonia del Reino de España. A partir de la independencia del dominio español comenzó un período de luchas civiles entre quienes apoyaban la consolidación de un gobierno unitario y quienes bregaban por una república federal. En la segunda mitad del siglo XIX, ya afirmado el sistema federal, comenzó la lenta organización política del territorio, no colonizado aún en su totalidad. Como resultado de esos conflictos, se formaron estados provinciales autónomos, un distrito federal en la ciudad de Buenos Aires y Territorios Nacionales dependientes del distrito federal.

En este contexto se inició un crecimiento sostenido de la economía que permitió recibir una importante corriente inmigratoria, proveniente principalmente de España e Italia).

Nuestro sistema democrático sufrió reiteradas interrupciones a lo largo del siglo XX. Después del último gobierno militar (1976-1983) comenzamos a disfrutar una estabilidad institucional, aunque con muchos problemas económicos: hiperinflación, desocupación, pobreza y recesión.

Para mediados de los años 60 casi todos los Territorios Nacionales se habían transformado en Provincias y luego de la reforma constitucional de 1994 la ciudad de Buenos Aires se organizó como estado.

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Se estima que en la Argentina unos 67.000 chicos tienen a uno de sus padres detenidos; estigma, falta de contención, limitados recursos económicos son algunas de las consecuencias para ellos

Cada domingo, Estela cargaba a sus cuatro hijos, el más grande de 10 años, el más pequeño de 1, y emprendía el largo e incómodo viaje hacia ese lugar al que no quería nombrar. Después del largo trayecto, venía lo más arduo: revisaciones, filas durante horas y la ansiedad del reencuentro. El regreso a casa no era más leve. Allí comenzaban las preguntas. "¿Cuándo va a salir papá de su trabajo?".  El más grande sospechaba, pero sus hermanos no llegaban a comprender que el lugar al que iban a ver a su padre era una cárcel.

"Fue un calvario. No sabía cómo tratar el tema con ellos. Económicamente se hacía muy difícil. Y tampoco tenía idea de cómo trabajar ese vínculo entre el padre y los nenes", contó Estela a LA NACION.

Según estima un informe realizado por el Church World Service  (CWS) y la Asociación Gurises Unidos, llamado "Invisibles: ¿Hasta cuándo?", en la Argentina hay alrededor de 67.000 menores que tienen a al menos uno de sus padres preso. La cifra es un cálculo "conservador"  realizado sobre la base de estudios que permiten acceder en forma indirecta a la información. 

A partir del pedido de CWS, de un grupo de organizaciones de mujeres que trabajan con mujeres madres encarceladas (Colectivo Artesanas de Guatemala) y de familiares de personas privadas de libertad de Argentina (ACIFAD), y otras organizaciones defensoras de los derechos del niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicará hoy por primera vez una audiencia temática en Washington a la situación de hijos de personas privadas de libertad en las Américas.

"Nuestra intención es llamar la atención sobre la realidad de cientos de miles de chicos en la región que viven en familias con un padre o madre preso y cómo 'el encarcelamiento en el hogar' pone a prueba y vulnera derechos de esos niños", explicó Martín Coria, Coordinador Regional de CWS para America Latina y el Caribe.

El informe de la CWS señala que los niños y niñas de personas presas son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. "No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad", sostiene el texto y detalla que sus derechos de crianza se ven afectados "tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de la Justicia".

Falta de ayuda

Estigma, falta de afecto, carencias económicas son algunos de los conflictos que viven los hijos de padres presos.Foto:CWS

Uno de los principales conflictos, señala el informe, es que las instituciones que trabajan en materia de infancia generalmente no tienen en cuenta a esta población específica de menores para trabajar sobre políticas particulares adaptadas a su realidad.

"No hay capacitación para los adultos que están en contacto con estos chicos. Por ejemplo los educadores, los que atienden los comedores, la gente de los centros de salud", señaló Estela. Sobre esta falta de formación, la mujer relató un episodio que le tocó vivir a uno de sus hijos. "Un día me dijo que no quería ir más a la escuela. Fui a ver qué pasaba y me enteré de que su maestra había reunido a otros padres para decirles que sus hijos no se junten con él porque venía de una familia de delincuentes", contó.

Estela presentó una denuncia por discriminación, pero le llevó mucho tiempo trabajar sobre la autoestima de su hijo.

Sobre este aspecto, el informe destaca que "los hijos de personas presas tienen los mismos derechos que otros niños y no deben ser tratados como si estuvieran en conflicto con la ley, como resultado de las acciones de sus padres o madres".

Un tema tabú

Por otra parte, el estudio indica que falta información sobre cómo ayudar a los chicos a mantener una relación sana con su padre en prisión. "Muchas familias no asumen delante de la sociedad la condición de cercanía con un preso, a fin de evitar el efecto estigmatizante que tal situación supone, o por las dificultades de tratar el problema con niños/as pequeños", señala.

En el caso de Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos, durante mucho tiempo evitó hablar directamente del tema con su hijo pequeño. "Yo lo llevaba a visitar a su padre. No le mentía, pero tampoco le explicaba que ese lugar era una cárcel", contó la mujer. "Mi hijo llegó a los 7 años sin saber escribir. La psicóloga me explicó que podía ser que hubiera algo que no estaba dicho. El día en que hablé con él sobre la cárcel, empezó a escribir", relató Andrea.

Se produce una combinación única de trauma, vergüenza y estigma"  

A Estela le pasó algo similar. El más pequeño de sus hijos tuvo un brote de psicosis infantil. "Yo lo atribuyo al dolor que la causó entender que su padre estaba preso y luego ver a su hermano mayor quedar detenido", explicó Estela.

Según el informe de la CSW la ausencia de referentes familiares y la pérdida de vínculos afectivos pueden estimular en los chicos con padres presos el surgimiento de diversos síntomas psicoafectivos, como cambios en el comportamiento, surgimiento de reacciones agresivas y desadaptación escolar por el rechazo de compañeros y de la comunidad. Todo esto se produce por una "combinación única de trauma, vergüenza y estigma".

Un salario menos

Cuando un jefe o jefa de familia es detenido, eso significa una posibilidad de ingreso económico menos en el hogar. Por eso, "el encarcelamiento del adulto puede dificultar el acceso a los bienes y servicios básicos para la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación" para los niños, señala el informe.

"La realidad de nuestros países marca que una importante proporción de los presos proviene de los sectores más pobres de la población. De allí que la pérdida del adulto aportante represente una mayor probabilidad de sumar a este condicionamiento estructural de pobreza nuevas vulnerabilidades" para los chicos. Esto, sostiene el informe, implica "un plus de castigo" para los menores.

"Una persona detenida es una persona a la que hay que mantener. No sólo no puede aportar a la familia, también hay que gastar en los viajes para visitarla y en comida para que puedan alimentarse mejor. Eso hace que a veces nuestros hijos sean privados de algunas cosas", explicó Andrea.

Recomponer el vínculo

Mantener el vínculo de los chicos con sus padre detenidos ayuda también a la posterior integración de la persona cuando sale en libertad

Mantener el vínculo de los chicos con sus padre detenidos ayuda también a la posterior integración de la persona cuando sale en libertad.Foto:LA NACION/Maximiliano Amena

 

Según indica la CWS, la no inclusión de estos menores en la agenda pública y la falta de atención específica a sus conflictos pueden generar impactos negativos, ya que la pérdida de contacto familiar de los presos puede ser negativa en términos de promover un proceso de rehabilitación. "La ausencia de estímulos familiares positivos y espacios acogedores para las visitas alimenta la desestructuración de vínculos y la pérdida de un posible horizonte de integración social", sostiene el informe.

También señala que el Estado no garantiza el pleno ejercicio de la patria potestad al no asegurar los medios para que esta se ejerza, ya que es común que haya "teléfonos públicos rotos, visitas suspendidas por malos comportamientos de los presos, falta de apoyo económico o material" para que los chicos visiten a sus padres en la cárcel.

"No se trata sólo de lo que pasa durante el tiempo que el padre está preso. La parte más difícil es cuando salen. Nadie te capacita para ayudar a recomponer ese vínculo entre los hijos y el padre o madre que estuvo tanto tiempo lejos. No hay acompañamiento de profesionales que hagan posible una integración de la persona que fue liberada", sostuvo Andrea.

Alternativas para mejorar la situación de los chicos con padres presos

La disminución en el uso de la prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para primarios, delitos menores o en el marco del sistema progresivo de ejecución de pena son dos aspectos que podrían contribuir a solucionar el problema de sobrepoblación en las prisiones. En la perspectiva de los hijos/as de presos/as, este tipo de medidas contribuiría a promover y garantizar su derecho a mantener contacto con su referente adulto, minimizando los impactos negativos de la separación prolongada, o la incertidumbre respecto a la situación de su referente.

Por otra parte, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) plantean concretamente la necesidad de prestar atención al interés superior del niño. No sólo se contempla la situación de los niños/as que viven en reclusión con sus madres, sino también la de aquellos que quedan en el medio libre.

Las Reglas de Bangkok establecen especialmente que hay que identificar cuántos son, en qué situación están y en qué régimen de tutela o custodia. Asimismo, prevén que "antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés superior de los niños".

Además se promueve facilitar por todos los medios posibles el contacto de las presas con sus hijos/as y familiares.

Otro ejemplo es el programa Madres no Cárcere en San Pablo, que cuenta con veinte técnicos que hacen el seguimiento de las causas judiciales de las mujeres encarceladas con hijos, brindando asesoramiento jurídico y realizando un diagnóstico, orientación y seguimiento respecto a la situación de sus hijos/as.

www.lanacion.com.ar Ediciòn del 22/10/15

Entrevista realizada a la Dra. Arq. Suzann Cordeiro, de Brasil con motivo de conocer su quehacer profesional en ese país.

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